El Gobierno de Panamá aprobó el Decreto Ejecutivo No. 10 de 2026, que redefine el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber. La nueva normativa establece un mayor control estatal al pasar la regulación a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), obligando a los conductores a operar bajo una prestataria autorizada y cumplir con requisitos como certificaciones, seguros y estándares específicos.

A diferencia del modelo anterior, el decreto limita el rol de las plataformas a la intermediación tecnológica, mientras el Estado asume la regulación de tarifas y fija condiciones más estrictas para conductores y vehículos. La medida busca corregir vacíos legales, aunque ha generado críticas por el aumento de controles y su posible impacto en el servicio.