El Gobierno de Panamá informó que representantes de China solicitaron intervenir en el proceso relacionado con Panama Ports Company (PPC), luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión otorgada a la empresa operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal. La revelación se produjo durante la Asamblea General de la OEA, donde las autoridades panameñas reafirmaron la independencia de sus instituciones y rechazaron cualquier intento de influir en decisiones judiciales nacionales.

El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo que Panamá es una democracia con separación de poderes y que los fallos de la Corte deben ser respetados, destacando que el caso responde exclusivamente al marco jurídico nacional. Mientras tanto, la controversia en torno a Panama Ports Company continúa generando repercusiones diplomáticas, en medio del arbitraje internacional iniciado por la empresa y el debate sobre la soberanía y el respeto al Estado de derecho.