La justicia de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación, en calidad de colaboradores, en una estructura de delincuencia organizada vinculada con la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia. La sentencia fue emitida en primera instancia y Bucaram siguió la audiencia de manera telemática desde una clínica de Guayaquil, donde recibía atención por problemas cardíacos.

Los considerados autores directos, Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren, también fueron condenados; sin embargo, Oren recibió posteriormente una reducción de pena a dos años y ocho meses por cooperación eficaz. El proceso se extendió durante varios años y la sentencia se produjo después de múltiples aplazamientos de la audiencia.