La decisión acogió la solicitud del Ministerio Público, al considerar que no existen cambios suficientes para reducir los riesgos procesales identificados previamente. La investigación señala un presunto enriquecimiento injustificado de aproximadamente 1.3 millones de dólares durante el período 2019-2024, cuando Araúz trabajó como asesor técnico de la Dirección de Marina Mercante y posteriormente como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El caso se sustenta en una auditoría de la Contraloría General de la República que identificó diferencias entre sus ingresos y gastos. La Fiscalía Anticorrupción continúa con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades. Araúz enfrenta el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.