El Senado de Paraguay rechazó la solicitud de 72 horas adicionales presentada por Santiago Peña para preparar su defensa y posteriormente aprobó su destitución con 44 votos a favor, tras declararlo culpable por mal desempeño de sus funciones. Luego de la decisión, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el período constitucional hasta agosto de 2028.
Tras su salida del cargo, la Fiscalía ordenó el arresto domiciliario de Peña en el marco de las investigaciones relacionadas con Ueno Bank. Durante la madrugada del sábado fue trasladado a una instalación militar y posteriormente compareció ante la Fiscalía General para responder por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias. La investigación continúa y, hasta la información suministrada, no se había anunciado una resolución definitiva sobre los cargos penales.