El Gobierno de Bolivia declaró “persona no grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y ordenó su salida del país tras considerar como una “injerencia” las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la crisis política boliviana. La Cancillería boliviana afirmó que la medida busca defender la soberanía y el principio de no intervención entre Estados.

La tensión diplomática aumentó luego de que Petro afirmara que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y ofreciera apoyo para facilitar una salida pacífica al conflicto. El gobierno del presidente Rodrigo Paz aclaró que la expulsión no implica ruptura de relaciones diplomáticas, mientras Petro cuestionó la decisión y advirtió sobre una posible escalada de la crisis social en territorio boliviano.